El alto costo de los medicamentos biológicos originales continúa siendo uno de los principales desafíos para el acceso a terapias innovadoras en Chile, especialmente en el ámbito oncológico. Esta realidad ha empujado a numerosos pacientes a recurrir a la judicialización para obtener tratamientos, tensionando aún más al sistema de salud. En ese escenario, los medicamentos biosimilares aparecen como una alternativa capaz de reducir costos y ampliar el acceso. Sin embargo, su incorporación en la práctica clínica sigue siendo limitada.
En esa línea, uno de los principales hallazgos del estudio realizado por el Instituto de Salud Pública de U. Andrés Bello e ISPOR Chile, apunta al marco regulatorio vigente. En particular la investigación identifica que la norma que regula desde 2014 el registro de productos biotecnológicos, quedó rezagado frente a la rápida evolución de la industria farmacéutica.
El estudio también releva el rol central que tiene el médico tratante en la decisión terapéutica, dado que la elección entre un medicamento biológico original y uno biosimilar recae casi exclusivamente en el médico tratante, sin que exista la obligación de justificar dicha decisión ni incentivos concretos para optar por alternativas más costo-efectivas.
Además, la investigación muestra que persiste la asociación entre precio y calidad, donde un medicamento más caro tiende a percibirse como superior, creencia que dificulta la confianza en los biosimilares, pese a que estos cuentan con las evaluaciones de calidad, seguridad y eficacia exigidas por la autoridad sanitaria.