En el marco del despacho de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS) -que busca disminuir las barreras a la inversión y agilizar la “permisología” de los grandes proyectos sin afectar los estándares regulatorios- el Instituto de Políticas Públicas de U. Andrés Bello dio a conocer los resultados de un sondeo que midió la opinión de los chilenos sobre cómo compatibilizar el desarrollo económico con la protección del medioambiente y el patrimonio. El estudio reveló una alta valoración por parte de la ciudadanía del componente ambiental y cultural en los procesos de autorización para la ejecución de un proyecto de inversión
En esa línea, ante la necesidad de retrasar o detener un proyecto de infraestructura para proteger especies como flora y fauna nativa, el 61% de los encuestados considera “muy justificada” la decisión, ya que “todas las especies, aunque pequeñas, merecen protección si están en riesgo”.
Por otro lado, ante al descubrimiento de restos arqueológicos durante la ejecución de obras como hospitales o estaciones de metro, el 78% cree que debería buscarse una solución que permita resguardar los hallazgos sin postergar demasiado la entrega del proyecto.
Respecto de quién debiera pagar los costos cuando se detiene una obra por razones ambientales o patrimoniales, el 37% cree que deben ser asumidos por el Estado y las empresas, dependiendo del tipo de causa o responsabilidad, seguido por un 34% que cree que se debería establecer un período de “gracias” y, luego de éste, que se establezcan sanciones o penalizaciones a quien corresponda según el motivo del retraso.